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el periodico de saltillo
Noviembre 2014, ed. #309


La licencia

Samuel Cepeda Tovar.

“¿Es realmente la solicitud de licencia para separarse temporalmente del cargo de gobernador que ha solicitado Ángel Aguirre, una medida efectiva para solucionar el caso de la crisis de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero? ¿Garantiza su separación agilidad en las investigaciones? ¿Es imprescindible su separación para el esclarecimiento de los hechos, y sienta el precedente para que tragedias similares no vuelvan a suceder?

Me parece que dichos cuestionamientos tienen algo en común, y es la respuesta negativa a dichas interrogantes. Para empezar, el mandatario es la máxima autoridad representativa dentro de la entidad, por ello es natural que la culpa de lo ocurrido con los normalistas se le endose de manera inexorable. Sin embargo, a reserva de que pudiera estar o no implicado y hasta qué grado alcance su responsabilidad en los terribles sucesos, su separación de ninguna manera agiliza o agudiza las investigaciones y resolución de la crisis, pues para empezar son autoridades federales quienes llevan a cabo dichas pesquisas. Por lo cual su separación sólo es una especie de “curita” que intenta contener una hemorragia que puede devenir en desórdenes sociales de mayor calado.

No se trata de renunciar para eludir responsabilidades, pues el gobernador debe aguantar todas las diatribas e invectivas que reciba del pueblo y los señalamientos de colusión con el crimen organizado y demostrar su supuesta inocencia, y además, si de ineficiencia se trata, me parece entonces que no sólo el gobernador debe irse, sino que el Senado de la República debe decretar la desaparición de poderes en el Estado por tratarse de un vacío de autoridad e ingobernabilidad en aquella conflictiva región. Aunado a ello, su salida no debe aliviar las penas de nadie ni tampoco generar tranquilidad en ningún sentido, pues no se trata sólo de remover individuos, sino de sacudir instituciones viciadas y seducidas por la corrupción y el crimen organizado, pues ya lo señalaba Francisco I. Madero de manera acertada: “Si bien los hombres son perecederos, las instituciones en cambio, son inmortales”.

Y atendiendo a esa inmortalidad, no parece que la salida, remoción o renuncia del gobernador sea la solución a los actos ignominiosos suscitados en Iguala. Se trata entonces de una reorganización institucional que garantice cuadros efectivos y con serios diques que frenen la corrupción, pues de lo contrario pueden renunciar todos los gobernadores en cada tragedia, y a final de cuentas, el resultado siempre será el mismo. Disiento de aquellos que por atraer reflectores exigen la salida del gobernador, me parece que lo más razonable es que se quede a enfrentar el problema de manera directa, pues para eso fue electo gobernador, ni más ni menos.

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